Bogotá le apostó a los carros eléctricos, pero no a los cargadores para sostenerlos.

En cuatro años, el número de vehículos eléctricos e híbridos enchufables matriculados en Bogotá se disparó de 23.654 a 120.372, un crecimiento del 410%. Es una de las cifras que más entusiasmo genera cuando se habla de la transición energética de la capital. Pero detrás de ese salto hay un dato que contrasta: la ciudad solo cuenta con 15 cargadores públicos, repartidos en apenas seis estaciones y cinco de las 20 localidades.

Por Nicolás Cuervo.

Estación Carga Eléctrica. Fuente foto: Autoavance.co


La alerta la puso sobre la mesa la bancada del partido Mira en el Concejo, después de que la Secretaría Distrital de Movilidad respondiera un derecho de petición reconociendo algo que preocupa a los concejales: el Distrito nunca ha evaluado su propia capacidad energética para sostener la demanda creciente de carga eléctrica, y tampoco tiene un plan de contingencia si llegara a presentarse un racionamiento.


El vacío no es solo de infraestructura, sino de información. Según la propia entidad, no existe un inventario actualizado —ni público ni privado— de los puntos de carga de la ciudad, lo que significa que nadie en el Distrito sabe con certeza cuántos cargadores hay, dónde están ni en qué estado operan. Tampoco hay metas para 2026 y 2027, ni cronogramas, ni presupuesto asignado para cerrar esa brecha.


«No se puede incentivar la compra de vehículos eléctricos sin saber si hay energía para cargarlos», resumió el concejal Fabián Puentes Sierra, quien calificó la estrategia distrital como una política improvisada. La contradicción se agudiza si se mira el otro lado de la política pública: mientras la infraestructura se queda corta, los incentivos para comprar carros eléctricos siguen creciendo. Bogotá ofrece descuentos del 60% en el impuesto vehicular durante los primeros cinco años para particulares, del 70% para taxis eléctricos, y exención total de Pico y Placa. La Secretaría aseguró que los operadores de las estaciones deberían tener planes de contingencia propios, aunque no pudo precisar cuántas estaciones seguirían funcionando ante un corte de energía.


Frente a este panorama, ya se radicó en el Concejo un Proyecto de Acuerdo para construir un mapa oficial de los puntos de carga de propiedad distrital, que permita identificar las zonas con menor cobertura —particularmente en el sur de la ciudad—. La bancada de Mira insiste, además, en que el Distrito publique una evaluación real de su capacidad energética, consolide un inventario completo de cargadores y fije metas concretas de expansión para los próximos años.

La paradoja de los incentivos. Mientras la infraestructura se queda corta, Bogotá mantiene beneficios agresivos para comprar eléctricos: 60% de descuento en impuesto vehicular para particulares (primeros cinco años), 70% para taxis eléctricos, y exención de Pico y Placa. «No se puede incentivar la compra de vehículos eléctricos sin saber si hay energía para cargarlos», afirmó Puentes Sierra.

¿Qué pide el Concejo? Un Proyecto de Acuerdo ya radicado busca crear un mapa oficial de los cargadores de propiedad distrital para identificar brechas, con foco en el sur de la ciudad. La bancada de Mira también exige una evaluación de capacidad energética, un inventario oficial y metas concretas de expansión.

La comparación de Bogotá frente a otras capitales de la Región.


Frente al resto de América Latina, la brecha de Bogotá se hace evidente: mientras Brasil supera las 21.000 estaciones de carga pública y México ronda las 3.200, Colombia en su totalidad no alcanza ni una décima parte de esa cifra. Chile, por su parte, ronda los 1.100 puntos, y toda la región ya suma 837.000 vehículos eléctricos e híbridos enchufables en circulación, con proyección de superar el millón antes de que termine 2026.


A nivel nacional, la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia (UPME)calcula que Colombia tiene apenas un cargador por cada 35 vehículos eléctricos, muy por debajo del estándar internacional de uno por cada 10. Cerrar esa brecha exigiría instalar cerca de 19.386 cargadores públicos antes de 2030, con una inversión estimada de 260 millones de dólares —una tarea en la que Bogotá, con solo 15 cargadores distritales, tiene un rezago proporcionalmente mayor.
El marco legal de los incentivos en Colombia


El país cuenta con un marco de incentivos consolidado desde hace más de una década. La Ley 1715 de 2014, ajustada por la Ley 2099 de 2021, habilita deducir hasta el 50% del valor del vehículo en renta —diferible hasta 15 años—, exclusión de IVA y exención arancelaria para quienes obtengan certificación de la UPME, con vigencia garantizada hasta 2051. La Ley 1964 de 2019, por su parte, topea el impuesto vehicular de los eléctricos en 1% y los libera de pico y placa, día sin carro y sobrecostos en SOAT y revisión técnico-mecánica.


Bogotá amplió ese piso nacional con beneficios propios —60% de descuento en impuesto vehicular para particulares y 70% para taxis eléctricos durante cinco años—, lo que ha impulsado la compra sin que la infraestructura de soporte crezca al mismo ritmo. Ese desbalance entre estímulo y planeación es, justamente, el centro del reclamo del concejal Fabián Puentes ante el Distrito.

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